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COVID-19: The Latin America Perspective (Special Edition) – Venezuela

May.04.2020

La pandemia está afectando al mundo entero, particularmente a países que ya se encontraban en crisis. Este es el caso de Venezuela, uno de los países en condiciones más vulnerables para combatir las consecuencias de coronavirus. En colaboración con PAE-Legal, esta alerta provee una perspectiva general de las medidas adoptadas por Nicolás Maduro en Venezuela. La pandemia—aunada a la escasez ya existente de gasolina, alimentos y suministros—está afectando significativamente al comercio y amenaza con paralizar completamente la economía del país.

Decreto de Estado de Alarma

El 13 de marzo, Nicolás Maduro dictó un Decreto de Estado de Alarma, ordenando la suspensión general de actividades en Venezuela. El Decreto fue prorrogado recientemente y se espera que se mantenga en vigencia al menos hasta el 12 de mayo.

El Decreto de Alarma ordenó el cese de la gran mayoría de las actividades comerciales en Venezuela, a excepción de ciertas actividades “esenciales,” incluyendo:

  1. Telecomunicaciones;
  2. Prestación de servicios públicos, incluyendo agua, gas y electricidad, entre otros;
  3. Transporte y expendios de combustibles y lubricantes;
  4. Distribución de productos y servicios relacionados a la salud y farmacia;
  5. Traslado de valores;
  6. Actividades relacionadas al sistema portuario;
  7. Actividades de producción, distribución y comercialización de alimentos; y
  8. Actividades que aseguren el funcionamiento del Sistema Nacional Integral Agroalimentario

Si bien el Decreto de Alarma garantiza en teoría el transporte y suministro de combustible, Venezuela actualmente atraviesa una severa escasez de gasolina. Ésta, sin duda, amplifica los efectos de la pandemia, condicionando toda la actuación empresarial esencial y atentando con paralizar totalmente al país.

Nicolás Maduro dictó dos decretos adicionales: (i) el Decreto No. 4168 que suspende el pago y ejecución de préstamos bancarios por 180 días; y (ii) el Decreto No. 4169 que suspende el pago de los cánones de arrendamientos para las viviendas principales y locales comerciales que se encuentren cerrados por no prestar servicios o actividades consideradas esenciales.

En ejecución de los decretos de alarma, Nicolás Maduro ha ordenado también el cierre de las fronteras y la suspensión de vuelos internacionales, incluyendo a ciudadanos venezolanos que se encontraban fuera del país.

Adicionalmente, quedaron suspendidos los procedimientos administrativos y judiciales, tanto ante la Administración Pública como los tribunales. Al mismo tiempo, las notarías y registros (inmobiliarios, civiles o mercantiles) no se encuentran prestando servicios al público, lo cual aumenta la desasistencia legal al empresariado.

Según la Ley Orgánica de Estados de Excepción (el Decreto de Estado de Alarma es uno de los “estados de excepción” según la Constitución venezolana), queda en suspenso la legislación ordinaria en todo aquello que no sea compatible con las normas excepcionales que se dicten con el propósito de restablecer el status quo. Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta Ley es poco claro, lo que genera más inseguridad jurídica al sector privado y frena, aún más, el desarrollo económico del país.

Fuerza Mayor bajo el Derecho Venezolano

La pandemia—aunada a la crisis de escasez—ha agravado aún más la crisis económica y humanitaria en la que se encuentra Venezuela. Como resultado, las empresas se han visto forzadas, entre otros esfuerzos, a revisar sus acuerdos comerciales para mitigar el impacto de la crisis. Bajo el Código Civil de Venezuela, la regla general es que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido pactadas, y que en caso de contravención, el que incumple debe a la otra daños y perjuicios (Artículo 1264). La excepción a la regla anterior surge cuando se produce una causa extraña no imputable a las partes, que legalmente justifica o puede justificar, el incumplimiento de las obligaciones (Artículos 1271 y 1272). La fuerza mayor se considera un tipo de “causa extraña no imputable a las partes.”

En principio, COVID-19 y las medidas adoptadas por Nicolás Maduro pueden constituir una causa extraña no imputable a las partes en los términos del Artículo 1271. Este concepto—también conocido como el hecho del príncipe—regula especialmente esas situaciones particulares, de forma excepcional, que tienen su causa en la pandemia. Adicionalmente a la pandemia, un tribunal podría también determinar que, por ejemplo, la escasez de suministro de gasolina debe considerase una causa extraña no imputable que resulte en incumplimiento, según cada caso.

Es importante destacar que las circunstancias eximentes de responsabilidad solamente prorrogan o suspenden el cumplimiento de determinada obligación. En otras palabras, no relevan absolutamente de su cumplimiento, a menos que sea de tal manera esencial tales obligaciones y su cumplimiento oportuno que haga terminar el contrato. Dependerá de cada caso específico y estará sujeto a análisis contextual. Debido a esto, es importante que las empresas documenten cada situación lo mejor posible, dejando el rastro probatorio no sólo de la existencia de la pandemia, sino del(los) caso(s) concreto(s) que impide(n) o afecta(n) el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En el caso de las obligaciones tributarias, el Código Orgánico Tributario de Venezuela establece que si bien la fuerza mayor o el caso fortuito no eximen del cumplimiento de la obligación tributaria, relevan el pago de multas o intereses en cada caso (Artículo 85.4). No obstante, cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los países en la región han dictado normas especiales prorrogando, suspendiendo o adecuando las cargas impositivas a las empresas, el régimen de Nicolás Maduro no ha dictado medida alguna en ese sentido, ignorando las circunstancias extraordinarias en las cuáles se encuentran las empresas a causa de la pandemia y de los propios decretos impuestos por el régimen.

Otras Medidas que Afectan al Comercio

A riesgo de una paralización total del sector productivo venezolano, el régimen de Nicolás Maduro anunció recientemente nuevos controles de precios y la ocupación temporal de distribuidores y establecimientos de alimentos, similar a medidas onerosas anteriores que han afectado significativamente al comercio en el pasado. Estas medidas podrían generar una nueva ola de reclamaciones por parte de inversionistas extranjeros. De acuerdo a UNCTAD, Venezuela es uno de los países con más reclamaciones de inversión a nivel mundial después de Argentina y España.

Guía de OFAC Respecto a las Sanciones y el Intercambio Comercial Humanitario en cuanto a Venezuela a la luz de COVID-19

Es importante destacar que, a pesar de la pandemia, los Estados Unidos no han relajado su programa de sanciones relacionado a Venezuela. En cambio, el 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó una hoja de datos que consolida y resume las autorizaciones, exenciones y guía relevantes que OFAC ya mantenía para apoyar la prestación de asistencia humanitaria en todos sus programas de sanciones, incluida Venezuela, y cómo podrían aplicarse a la asistencia humanitaria relacionada con COVID-19. Algunas de estas autorizaciones generalmente incluyen los siguientes tipos de actividad (aunque cada autorización está sujeta a ciertas condiciones):

  1. Ciertas transacciones que involucran al Gobierno de Venezuela, ciertos otros bancos sancionados, o ciertos tipos de financiamiento que son incidentes a la exportación y reexportación de ciertos productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos repuestos, componentes y actualizaciones de software para dispositivos médicos;
  2. Abastecimiento de servicios médicos de emergencia no programados, y el suministro de otros servicios médicos relacionados con el Gobierno de Venezuela;
  3. Actividades oficiales de ciertas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja;
  4. Transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela que sean necesarias para proveer ambulancias aéreas y servicios médicos relacionados para individuos en Venezuela; y
  5. Transacciones de ONGs que involucren al Gobierno de Venezuela en apoyo de proyectos humanitarios, construcción democrática, educación o proyectos de desarrollo no comercial que beneficien directamente al pueblo venezolano.

OFAC también declaró que “priorizaría” las solicitudes de licencias específicas, caso por caso, relacionadas con el “apoyo humanitario para el pueblo de Venezuela”.

Paralelamente, el 20 de abril, OFAC reconoció que consideraría cualesquiera retos de personal u otros desafíos relacionados con el programa de cumplimiento que resulten del COVID-19, como “un factor” en su determinación, reconociendo implícitamente que se utilizarían muchos otros factores para determinar si una medida de aplicación fue apropiada.

El resultado es que las sanciones de OFAC siguen siendo relevantes para las empresas que buscan relacionarse con Venezuela, incluso para aquellas que buscan proporcionar respuesta y apoyo relacionado con el COVID-19. En la medida en que la pandemia crea desafíos de cumplimiento relacionados a las sanciones de Venezuela para las empresas, se les aconseja buscar asesoría jurídica o consultar a la agencia lo antes posible para mitigar el riesgo de una posible aplicación de medidas.

Para obtener más información sobre nuestra Alerta Crowell & Moring anterior sobre la Hoja de Datos de la OFAC con respecto al Intercambio Comercial Humanitario Relacionado a Países Sancionados y la Guía COVID-19, haga clic aquí.


Esta alerta fue elaborada en colaboración con Juan José Figueroa y José Antonio Elíaz, socios en PAE-Legal. PAE-Legal cuenta con una red de aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, y ofrece servicios de asesoría legal dentro y fuera de Venezuela. Para mayor información sobre PAE-Legal, contacte a: José Antonio Elíaz: jae@pae-legal.com, Ave. Río Caura, Centro Empresarial Torre Humboldt, piso 6, oficinas 06-05 y 06-06, Urb. Prados del Este, Municipio Baruta. Caracas 1080, Venezuela. +58 212 976-0296.

Crowell & Moring ha asistido a clientes y ha trabajado con firmas de abogados locales en toda América Latina y el Caribe, y está monitoreando de cerca las respuestas de los diferentes gobiernos latinoamericanos a COVID-19 y cómo las relaciones comerciales se han visto afectadas por causa de la pandemia global.


Para obtener más información sobre Alertas de Crowell & Moring anteriores sobre el impacto de COVID-19 en otras jurisdicciones latinoamericanas con respecto a fuerza mayor, presione aquí y aquí.

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Richard B. Holbrook Jr.
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