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COVID-19: La Perspectiva Latinoamericana II – Argentina y Perú

Apr.22.2020

En nuestra alerta anterior de Crowell & Moring, analizamos cómo COVID-19 está afectando las actividades y dinámicas comerciales en América Latina, particularmente en Colombia y México. Nuestra segunda edición se enfoca en las medidas actualmente vigentes en dos naciones suramericanas: Argentina y Perú. Como en la mayoría de la región, las medidas sin precedentes tomadas por Argentina y Perú están causando interrupciones al comercio en todas las industrias, forzando a las empresas a revisar sus acuerdos comerciales y determinar si “fuerza mayor” u otros conceptos similares pueden ayudar a mitigar esta interrupción.

Crowell & Moring ha asistido a clientes y ha trabajado con firmas de abogados locales en toda América Latina y el Caribe, y está monitoreando de cerca las respuestas de los diferentes gobiernos latinoamericanos a COVID-19 y cómo las relaciones comerciales se han visto afectadas por causa de la pandemia global.

Argentina:

En marzo, el Gobierno de Argentina emitió una serie de decretos estableciendo medidas para evitar la propagación de COVID-19, incluida una cuarentena obligatoria hasta al menos el 26 de abril.  La cuarentena exige que todas las personas permanezcan en sus hogares y se abstengan de ir a sus lugares de trabajo, con ciertas excepciones.

Estas excepciones incluyen a trabajadores en las siguientes industrias:

  1. Atención médica o industrias que brindan apoyo y suministros para la atención médica, como medicamentos, vacunas y equipos médicos;
  2. Fuerzas armadas y seguridad;
  3. Medios de comunicación;
  4. Supermercados, farmacias, ferreterías, y otros establecimientos en la industria de alimentación, incluyendo producción y cadena de suministros;
  5. Comercialización agropecuaria y de pesca;
  6. Mantenimiento de servicios básicos, tales como agua, electricidad, gas, comunicaciones y atención de emergencias;
  7. Transporte público y de mercaderías, petróleo y combustibles; y
  8. Servicios postales y de distribución de paquetería.

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, estas medidas de emergencia han afectado al comercio y la capacidad de muchas entidades de cumplir con sus obligaciones contractuales.  El derecho argentino contempla el concepto de “fuerza mayor” o “caso fortuito”, que se define en el Código Civil y Comercial Nacional de Argentina como un evento imprevisible o inevitable.  Tal evento exime a las partes de responsabilidad, salvo que las partes dispongan lo contrario.  Esta definición amplia puede aplicarse a las obligaciones contractuales afectadas a raíz de la respuesta del Gobierno Argentino a la pandemia de COVID-19.  Sin embargo, la capacidad de una parte de invocar fuerza mayor dependerá de los términos del contrato y las circunstancias específicas de la obligación contractual que se ve afectada.

Las interrupciones a los negocios y el impacto del reordenamiento de los derechos contractuales van mucho más allá de las relaciones comerciales.  De hecho, se espera que la pandemia afecte negativamente a toda la economía argentina, tal y como se refleja en el recorte de la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch Ratings el pasado 17 de abril. 

Perú:

El 8 de abril el presidente Peruano, Martín Vizcarra, extendió el estado de emergencia y la cuarentena nacional hasta el 26 de abril. Perú fue de los primeros países en ordenar el aislamiento social obligatorio a nivel nacional cuando emitió, el 15 de marzo, el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM imponiendo controles estrictos a la movilización dentro del país e impactando significativamente al comercio.

El Decreto ordenó un cese casi total de los negocios, afectando cerca de todas las actividades comerciales. Sin embargo, algunos “servicios esenciales” quedaron exentos:

  1. Producción y abastecimiento de alimentos, medicinas, productos farmacéuticos, y otros bienes de primera necesidad;
  2. Servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y financieros, entre otros;
  3. Hoteles y centros de alojamiento, en la medida que cumplan con la cuarentena dispuesta; y
  4. Servicios y actividades en los sectores industriales y productivos que sean determinados (por excepción) como actividades estrictamente indispensables por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno Peruano también ordenó el cierre temporal de sus fronteras—suspendiendo los vuelos internacionales—y restringió el transporte público, imponiendo estrictas órdenes de confinamiento, un sistema de circulación por género y toque de queda de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. Sitios turísticos como Machu Picchu también fueron cerrados, generando pérdidas significativas a la industria del turismo.

El Decreto suspendió prácticamente todos los establecimientos y actividades comerciales, forzando a las empresas a revisar sus acuerdos y la ley aplicable para evaluar el riesgo de un potencial incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El derecho peruano contempla el concepto de fuerza mayor, el cual permite que las partes a un contrato sean eximidas de responsabilidad en el caso de eventos imprevistos y extraordinarios, tales como la pandemia y la cuarentena a nivel nacional. Específicamente, el Código Civil del Perú define “fuerza mayor” o “caso fortuito” como la “causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” Si bien esta definición bajo el derecho peruano es suficientemente amplia como para ser aplicada a todo tipo de obligaciones potencialmente afectadas por COVID-19, las partes tienen—en cierta medida—la capacidad de negociar sus propios términos y alcance. En la práctica, cuando surgen disputas, las cortes peruanas, y tribunales en general, están obligadas a determinar si la fuerza mayor invocada es adecuada bajo los términos del contrato y las circunstancias específicas de la actividad comercial afectada.

Algunas de las medidas promulgadas por el Gobierno Peruano han levantado preocupación en cuanto a si éstas pudiesen generar una ola de nuevos reclamos de inversión extranjera. Por ejemplo, a inicios de abril el Congreso Peruano aprobó un proyecto de ley suspendiendo el cobro de peajes en las principales autopistas del país. Esta medida ha generado oposición por parte de inversionistas y otras partes interesadas en dichos proyectos, algunos de los cuales han advertido sobre la posibilidad de nuevos reclamos ante el CIADI contra Perú como resultado de COVID-19 y las acciones unilaterales del Gobierno interrumpiendo el comercio y los contratos públicos. Los inversionistas extranjeros han afrontado medidas similares en otras jurisdicciones, como es el caso de México, donde una gobernación local cerró una planta estadounidense por presuntamente negarse a vender ventiladores a hospitales mexicanos.

En resumen, se espera que COVID-19 tenga un impacto significativo en la economía peruana. Según un informe reciente del Banco Mundial, Perú proyecta que su economía sufrirá una contracción de 4,7% en 2020. Fitch Ratings también proyecta una caída del PIB global de 1,9% en 2020, aunque espera una recuperación para en 2021.

Para obtener más información sobre el Alerta anterior de Crowell & Moring sobre el impacto de COVID-19 en Colombia y México con respecto a fuerza mayor, presione aquí.

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